24 de julio

Don Manuel de Salas, gestor de la Academia de San Luis

Una de las perennes preocupaciones de la humanidad, como ha quedado manifiestamente claro en nuestro país en los últimos años, es la de la educación. Werner Jäger, muy helénicamente, define la educación o paideia como “el principio mediante el cual la comunidad humana conserva y transmite su peculiaridad física y espiritual”. Ahora bien, esta definición, en sí, no aclara por qué querríamos conservar y transmitir esa peculiaridad. Para entender esto, cabe reconocer que nuestro modo de vida ha permitido a muchos ser felices; de otro modo, no lo abrazaríamos como propio ni lo consideraríamos deseable para otros. Aceptar esa costumbre es aceptarla para otros. Por ello, queremos este modo de vivir para nuestros hijos, pues nos interesa que nuestros hijos sean felices. De esta manera, perpetuamos para nuestros hijos el modo de vivir de nuestros padres, con las modificaciones que nos parecen pertinentes según los nuevos tiempos. La educación da las herramientas para que los hombres sean felices.

La misma preocupación se encontraba, ciertamente, entre los fundadores de nuestra república. El 24 de julio de 1796, el rey de España, don Carlos IV, decreta la creación de la Academia de San Luis, recogiendo la solicitud de don Manuel de Salas. No se trata de la primera institución de enseñanza superior en Chile, como algunos han pretendido, puesto que la precedieron la Universidad de Santo Tomás de Aquino (1622) y la Universidad de San Felipe (1747). Pero se inscribe, claramente, en la línea de los esfuerzos locales por desarrollar la educación que no solo se encontraban detrás de la segunda fundación citada –resultado de las gestiones del cabildo santiaguino–, sino también posteriormente de la Universidad de Chile (1842), de la Universidad Católica de Chile (1888), de la Universidad de Concepción (1919), de la Universidad Técnica Federico Santa María (1926) y de la Universidad Católica de Valparaíso (1928), por nombrar solo las instituciones tradicionales. La Academia de San Luis se destaca por haber implementado, por primera vez en estas tierras, disciplinas técnicas como parte de su currículum, siendo sus antecesoras fundamentalmente academias teóricas; en esto, también, se anticipaba a la concepción utilitarista que forjó las universidades enumeradas más arriba.

Sin alcanzar gran éxito en sus primeros años de funcionamiento, la Academia de San Luis fue, junto con la Universidad de San Felipe y el Convictorio Carolino, objeto de uno de los primeros proyectos de la junta de gobierno establecida el 18 de septiembre de 1810, el cual buscaba fusionar estos establecimientos educacionales en un único Instituto Nacional. Aunque las dificultades del gobierno naciente demoraron la empresa, el Instituto fue fundado por decreto el 27 de julio de 1813. Entre sus primeros alumnos, estuvieron don Diego Portales y los futuros presidentes don Manuel Bulnes y don José Joaquín Pérez. Después de los difíciles comienzos, este centro educacional se estableció como uno de los principales del país; entre los institutanos se cuentan más de una docena de gobernantes de la nación y numerosos ministros y hombres públicos que han contribuido generosamente al país.

17 de julio

Don Andrés Bello, uno de los principales polemistas respecto de la censura

Para quienes nacimos en la era de la revolución informática, resulta difícil, muchas veces, entender la importancia que tenían los periódicos en la presentación y discusión de las ideas en otros tiempos. Nos hemos acostumbrado a diarios que reproducen banalmente las informaciones de las grandes agencias de noticias –Reuters y Associated Press, por lo general– sin apenas elaboración ni comentario, y no esperamos encontrar reflexión en ellos si no es en las cartas al director, en las columnas o en los editoriales, y eso con suerte. Mas, antes de Internet, la manera más efectiva de difundir ideas era la fundación de un periódico, y los principales debates de la época pueden ser recogidos mediante el estudio de la prensa escrita.

Por ello, las limitaciones impuestas al contenido publicable por parte de la autoridad –en otras palabras, la censura– constituían una preocupación central tanto del gobierno como de los periodistas. Para el gobierno, era una manera de no solo esconder noticias desfavorables, sino también impedir la difusión de doctrinas ácratas que podían colaborar en la desestabilización del país; para los periodistas, por su parte, significaba una obligación adicional de no ofender al poder cuando intentaban mostrar sus abusos, so riesgo de ver clausurada su publicación. La cuestión, por supuesto, no se limitaba a la realidad chilena, siendo lo suficientemente compleja como para ameritar una reflexión del papa Gregorio XVI en Mirari vos: “Debemos también tratar en este lugar de la libertad de imprenta, nunca suficientemente condenada, si por tal se entiende el derecho de dar a la luz pública toda clase de escritos; libertad, por muchos deseada y promovida. Nos horrorizamos, Venerables Hermanos, al considerar qué monstruos de doctrina, o mejor dicho, qué sinnúmero de errores nos rodea, diseminándose por todas partes, en innumerables libros, folletos y artículos que, si son insignificantes por su extensión, no lo son ciertamente por la malicia que encierran; y de todos ellos sale la maldición que vemos con honda pena esparcirse sobre la tierra”.

Siguiendo en parte esta línea, la Ley de Imprenta de 1846 estableció límites al periodismo chileno, “sancionando las publicaciones que contuvieran información inmoral, sediciosa o injuriosa”. La influencia de la Iglesia en este aspecto –que tenía la capacidad de designar a los censores– fue combatida por, entre otros, el mismo don Andrés Bello, quien arguyó que era más importante instruir al pueblo en el discernimiento de sus lecturas que no prohibírselas. Aunque sus esfuerzos consiguieron el establecimiento de juntas de censura laicas, la nueva ley reforzó la supervisión gubernamental en este aspecto. El 17 de julio de 1872, no obstante, se aprobó una nueva Ley de Imprenta, que consagró la libertad de publicación intentada por la Constitución de 1828. El resultado, como suele ocurrir, no coincidió con los ideales esperados por los legisladores que impulsaron esta iniciativa. El periodismo ocuparía un lugar prioritario en el debate político, ciertamente, pero en formas diversas que van desde el mínimo comentario que encontramos en los diarios de hoy hasta la aguda crítica de Topaze.

10 de julio

Retrato del capitán Ignacio Carrera Pinto

– ¡Ríndase, hijito! ¡No tiene para qué morir!

– ¡Los chilenos no se rinden jamás!

Las palabras del subteniente Luis Cruz en los instantes finales de la Batalla de La Concepción –el 9 y 10 de julio de 1883–, según recoge el informe del coronel Del Canto, ciertamente resumen el espíritu de los 77 jóvenes soldados que lucharon hasta la muerte antes que entregarse en manos de las milicias peruanas. Cabe recordar que la fase final de la Guerra del Pacífico (1879-1884) no se caracterizó por épicos enfrentamientos como el del Campo de la Alianza ni extraordinarias gestas como la Toma del Morro de Arica; una vez capturada Lima, la capital peruana, lo que siguió fue una desgastante guerra de guerrillas en la que al Ejército chileno le cupo cumplir el ingrato papel de fuerza de ocupación, dispersándose a través de la compleja geografía de la Sierra peruana, capturando informantes y persiguiendo a un brillante táctico que rápidamente ganó aires de mito: el general Andrés Avelino Cáceres. El “Brujo de los Andes”, como se le llamó, supo utilizar las ventajas del terreno, de la colaboración indígena y de la incertidumbre de las fuerzas chilenas para vencer a estas una y otra vez, a pesar de las diferencias numéricas y de armamento. En nuestro país, mientras tanto, la guerra se consideraba ya terminada, y la verdadera magnitud de la resistencia dirigida por el general Cáceres era ya desconocida, ya simplemente acallada. Los ánimos empujaban a una negociación rápida para entregar el Perú al primer grupo de la aristocracia limeña que estuviera dispuesto a hacerse cargo de la difícil situación y repatriar a las tropas que allá permanecían.

En este contexto, el heroísmo demostrado por los jóvenes de La Concepción adquiere aún más realce. Su comandante, el capitán Ignacio Carrera Pinto –nieto del líder de la Independencia–, cuando le fue ofrecida la opción de rendirse por el jefe peruano, se negó terminantemente. Defendiendo una aldea de importancia secundaria y casi nulo valor estratégico, enfrentados a un enemigo extraordinariamente superior en número y con apenas 100 tiros por soldado para defenderse, sostuvieron combate durante veinte horas, hasta la caída del último de ellos. De algún modo, en una época de indolencia y desencanto, supieron dar lo mejor de ellos en bien de la patria; estaba allí el recuerdo de la Esmeralda, como observó el almirante Lynch en su propio informe. El capitán Carrera y sus hombres, así, se convirtieron en modelos de la juventud chilena, destacados especialmente por Jorge Inostrosa en su Adiós al Séptimo de Línea.

Este día, de enorme significado en la historia patria, fue establecido como Día Nacional de la Juventud en 1975. En 2007, se determinó reemplazarlo por una fecha convencionalmente establecida por la Organización de las Naciones Unidas, el 12 de agosto, “con lo cual nos ponemos a tono con la comunidad internacional”, según dijo la entonces Presidente. El capitán Carrera ha mantenido su lugar en el billete de mil pesos, aunque al precio de perder el quepis.

3 de julio

Fusilamiento de Portales según P. Subercaseaux

La figura de don Diego Portales se cuenta entre las más discutidas de nuestra historia nacional. Su influencia es incuestionable; su legado, monumental; mas su valoración está sometida inevitablemente a las diversas concepciones existentes respecto de la importancia del orden para la sociedad política. ¿Restaurador de la república? ¿Príncipe de los privilegiados? La posibilidad de encontrar una respuesta para todos aceptable parece hundirse en los miasmas de la discusión historiográfica.

Sin embargo, en la medida en que los hechos pueden ser establecidos, solo cabe reconocer cuán extraordinaria fue su visión en el marco de las disputas pusilánimes que siguieron a la independencia de Chile. Mientras algunos buscaban imitar los modelos republicanos de otras naciones fundamentalmente diferentes a Chile y otros pretendían perpetuar la injerencia que la destreza militar les había otorgado en muy otras circunstancias, Portales se ocupaba de analizar la realidad en la cual se desplegaban las opciones de las nacientes repúblicas hispanoamericanas. Advertía él en su carta de marzo de 1822 a su socio, don José Manuel Cea: “Hay que desconfiar de esos señores que muy bien aprueban la obra de nuestros campeones de liberación, sin habernos ayudado en nada: he aquí la causa de mi temor”. Había fuerzas externas interesadas en la independencia de estas partes; no para beneficio de ellas, entiéndase, sino con otros fines. De aquí la suspicacia de don Diego hacia la democracia, de la cual dice que “es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera República”. Los pueblos, sugería don Diego Portales, eran perfectamente capaces de aprobar mayoritariamente algo que les era inconveniente, o que era inconveniente para el bien de todos.

Desde esta perspectiva se entiende su acrimoniosa caza a la Confederación Perú-Boliviana, en la cual veía la infiltración definitiva de las ideas norteamericanas. Una confederación de esa naturaleza, en el ámbito hispanoamericano, se convertiría necesariamente en instrumento de la dominación del Norte. El que una mayoría la aprobase no era suficiente para hacerla deseable: ni para el Perú, ni para Bolivia, ni para América. Don Diego Portales enfocó todos sus esfuerzos, toda su influencia, toda su capacidad hacia la destrucción de lo que consideraba la mayor amenaza a la libertad de las repúblicas hispanoamericanas. A pesar de todos los esfuerzos de la clase terrateniente chilena, que era partidaria de dejar a los demás pactar su propia ruina; a pesar de la percepción generalizada de que la guerra que asomaba en el horizonte era de interés de comerciantes y de nadie más; a pesar de las conexiones internacionales del mariscal don Andrés de Santa Cruz, Portales empujó a Chile a preparar la lucha que se acercaba.

No obstante, en la víspera del enfrentamiento definitivo, don Diego Portales fue apresado y ejecutado, a manos precisamente del coronel Vidaurre, encargado de protegerlo. En su muerte, la nación vio lo que su vida proclamó, y condenó a sus asesinos un 3 de julio de 1837.

26 de junio

Antes de morir en febrero de 1580, el entonces gobernador de Chile, don Rodrigo de Quiroga, ilustrísimo compañero de don Pedro de Valdivia y uno de los últimos sobrevivientes de su expedición, había designado como su sucesor, con permiso del rey don Felipe II, a su yerno don Martín Ruiz de Gamboa. Este, que en la práctica había ejercido el cargo durante la enfermedad final de Quiroga, se encontraba a la sazón en un fuerte construido por él mismo el año anterior en la ribera norte del río Itata, buscando una respuesta al levantamiento de los indígenas huilliches de la zona. Por ello, nos cuenta Encina, se vio imposibilitado de viajar a Santiago a asumir personalmente el puesto, designando a dos apoderados para que hicieran en su nombre los juramentos necesarios ante los cabildos. El nombramiento hecho por Quiroga fue ratificado por el virrey en abril de 1581.

Apenas pudo regresar a Santiago, en marzo de 1580, Ruiz de Gamboa buscó aplicar las disposiciones del rey don Felipe sobre el trabajo indígena y promulgó lo que la historiografía chilena ha bautizado la Tasa de Gamboa: por ella, quedaba suprimida la obligación laboral de los indígenas y se precisaba el tributo que estos debían pagar en las distintas diócesis que conformaban el reino. Desafortunadamente, sus medidas encontraron la resistencia de los encomenderos, quienes, razonablemente, exigían alguna clase de potestad para conseguir de los indios el esfuerzo que permitiría prosperar a la naciente sociedad chilena. La nueva determinación cayó rápidamente en desuso por los ruinosos efectos que tuvo, y la Tasa de Gamboa, así, ha pasado a la historia chilena como poco más que una anécdota que refleja las mejores intenciones de sus primeros gobernantes, con poco resultado efectivo. Su predecesora, la llamada Tasa de Santillán, fue considerada más acorde con las necesidades de la sociedad chilena y con la idiosincrasia de los indígenas de la zona.

Cuando retornó Ruiz de Gamboa al fuerte en el que había recibido la noticia de la muerte de su suegro y protector, decidió fundar en ese lugar, el día 26 de junio de 1580, la ciudad de San Bartolomé de Gamboa de Chillán, hoy Chillán Viejo. Aunque posterior, por tanto, a las fundaciones de Valdivia al sur del Bío-Bío, esta noble ciudad tuvo la ventaja de quedar a salvo del ímpetu destructivo del levantamiento mapuche que siguió al Desastre de Curalaba (23 de diciembre de 1598). Tuvo, sin embargo, que ser reconstruida en 1655, 1751 y 1835, tras diversos contratiempos. Ha permanecido una de las villas centrales de nuestra nación a lo largo del tiempo, víctima del más letal terremoto de nuestra historia en 1939 y cuna de tan importantes personalidades como don Bernardo O’Higgins, el sargento Juan de Dios Aldea, de famosa participación en el Combate Naval de Iquique, el comodoro Arturo Merino Benítez, primer Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y pionero de la aviación en Chile, y el pianista Claudio Arrau, reconocido mundialmente por sus interpretaciones de Beethoven.